«Esta (la educación particular subvencionada) no debería existir y se rechaza que el Estado financie por igual a escuelas públicas y privadas como ocurre en nuestro país», indica una propuesta, emanada desde el Congreso Nacional de Educación.
El Colegio de Profesoras y Profesores entregó hoy a la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, las propuestas para una «Nueva Educación», emanadas desde el Congreso Nacional de Educación. Entre las iniciativas presentadas por el magisterio, está la «extinción paulatina» del sistema particular subvencionado.
«Se debe diferenciar entre el sector privado pagado y el privado subvencionado. En el caso de la educación particular pagada se considera que ésta puede existir (como complemento al sistema público), pero debe ser sin fines de lucro y sin financiamiento estatal», indica el documentado del Colegio de Profesores.
«En el caso del segundo (educación particular subvencionada) ésta no debería existir y se rechaza que el Estado financie por igual a escuelas públicas y privadas como ocurre en nuestro país», prosigue el texto.
«Por ser tan extendido el sistema particular subvencionado, se plantea una extinción paulatina de este subsistema de administración, pasando gradualmente a formar parte del sistema nacional de educación pública estatal comunitaria», añade.
Asimismo, indican que «en ambos casos la educación privada debe ser regulada por el Estado y seguir los principios y lineamientos educativos del conjunto del sistema escolar público».
«Redefinir» la libertad de enseñanza
Respecto a la libertad de enseñanza, plantean «la necesidad de redefinir qué se entiende por libertad de enseñanza, mas no su supresión».
«En tal sentido, se asume que la libertad de enseñanza no puede ser entendida como libertad de empresa, que es la noción que establece la actual Constitución, del momento que define el derecho constitucional a abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales», agrega la propuesta.
«La libertad de enseñanza debe estar enmarcada en un conjunto de valores compartidos a nivel nacional, como el respeto a los derechos humanos y la libertad de cátedra y expresión del profesorado. Constituye también un resguardo para que no se imponga una ideología por sobre dichos valores», continúan
Además, reconocen «que también debe implicar el derecho que tienen las familias a escoger el establecimiento educacional para sus hijos, según sus convicciones religiosas y morales».
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